Por qué nunca se modificará la ley electoral. Algunas verdades sobre la ley D’Hondt

Publicado el 21 de noviembre de 2011 a las 22:42


Obviando la apabullante victoria del PP y el descalabro en toda regla del PSOE en las elecciones del domingo, se están comentando mucho los perversos efectos que la ley electoral vigente introduce; cómo presumiblemente beneficia a unos partidos frente a otros y el voto en unas regiones tiene más valor que en otras. Lo cual, calculadora en mano, es un hecho perfectamente constatable. Y son cada vez más los que reclaman un cambio en dicha ley, abandonar de una vez el sistema D’Hondt, esa fórmula matemática que atribuye los escaños en proporción a los votos conseguidos por las candidaturas en cada una de las circunscripciones electorales y no en el conjunto del país.

Los argumentos para sustentar dicha afirmación suelen ser los mismo: la disparidad del «coste» en votos que para diferentes partidos tiene los escaños obtenidos (228.048 votos para cada escaño de UPyD frente a los «escasos» 42.411 votos para el escaño de Nafarroa Bai) o situaciones en las que un partido con un mayor número de votos en la totalidad del país obtiene menor número de escaños que un segundo partido con menor apoyo general pero más concentrado en alguna circunscripción concreta (como es el caso, de nuevo, de UPyD, que con 126.000 votos más que CiU, por ejemplo, obtiene únicamente cinco escaños frente a los dieciséis de la coalición catalana). En concreto, suele achacarse a la ley D’Hondt una representación en términos de número de escaños asignados más nutrida de lo que correspondería a los partidos nacionalistas.

Error. No son precisamente los partidos minoritarios los beneficiados de la aplicación de este sistema, sino los grandes partidos nacionales, PP y PSOE. En efecto, una característica de la ley D’Hondt es que refuerza las mayorías de los partidos dominantes, facilitando que el partido ganador concentre el poder suficiente para no tener que precisar de gran número de apoyos para contar con una mayoría suficiente.

Recordemos, por ejemplo, los resultados de las elecciones del domingo:

Y comparémoslos con los que se hubieran obtenido en el caso de aplicar un reparto proporcional al número de votos totales obtenidos en el país, prescindiendo por lo tanto de la ley D’Hondt (fuente: El Mundo):

Vaya. En primer lugar parece que efectivamente, IU y UPyD tienen motivos para lamentarse, como están haciendo sus líderes, por el impacto que la aplicación de la ley D’Hondt tiene sobre los resultados de sus formaciones. Incuestionablemente la fórmula penaliza a aquellos partidos de presencia nacional que no alcanzan elevadas concentraciones de voto en cada circunscripción. Pero, sorpresa, los resultados de los partidos minoritarios de índole regional no se ven significativamente perjudicados por el reparto proporcional de votos; apenas CiU y AMAIUR verían mermados su número de escaños e incluso algunos como ERC o el BNG incrementarían su representación parlamentaria. Más aún, el número de partidos minoritarios con representación también se incrementaría sensiblemente. Curioso. Pero la perla oculta, la clave de este tinglado, son los resultados que los partidos mayoritarios obtendrían, particularmente los de la formación ganadora: el PP perdería casi treinta escaños y quedaría lejos de esa mayoría absoluta de la que, aplicando la ley D’Hondt, sí va a disfrutar.

Insisto: son los partidos mayoritarios los grandes beneficiados de la aplicación de la ley D’Hondt. Sustituirla por un reparto proporcional del voto les avocaría a un escenario en el que las mayorías sería mucho más ajustadas y la necesidad de recabar apoyos para alcanzar una mayoría suficiente sería más acuciante que en la actualidad. Aquellos, por lo tanto, que tanto critican la formula D’Hondt con el argumento de que beneficia a los partidos nacionalistas, otorgándoles mayor representación de la que sus votos merecen y colocando a los partidos nacionales a su merced a la hora de buscar apoyos se equivocan radicalmente. Precisamente la ley D’Hondt minimiza el apoyo que el partido ganador requerirá para gobernar. Con los resultados del 20N en la mano, el señor Rajoy no sólo perdería la mayoría absoluta que la ley D’Hondt le proporciona, sino que estaría obligado a conseguir al menos el apoyo de UPyD y un segundo partido. En unas elecciones más reñidas, en las que la diferencia entre PP y PSOE no fuera tan notable, la cantidad de apoyos que requeriría el partido ganador sería probablemente ingestionable.

Resulta loable el esfuerzo que muchos ponen al reclamar cambios en la ley electoral. Efectivamente, la ley actual no es justa. Discrimina unos votos frente a otros. A unos partidos políticos frente a otros. Pero me temo que nunca se modificará. Hemos visto que son los dos grandes partidos los mayores interesados en mantener las cosas como están, ¿alguien se cree que van a ponerse de acuerdo en modificar una ley que sólo les otorga ventaja? Yo, al menos, lo dudo mucho.

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